Fue creado un protocolo para evitar la violencia policial. Luego de varias denuncias por maltratos, la ministra de Seguridad conversó con los funcionarios provinciales para coordinar la forma en que deben realizarse los operativos por la vigilancia del aislamiento social obligatorio. La actuación de la Policía de Salta en el merendero de barrio 26 de Marzo, fue uno de los hechos que impulsó a la Ministra.
Las denuncias por golpizas, amenazas, traslados ilegales a comisaría y allanamientos sin órdenes judiciales se multiplicaron en varias zonas del país durante el aislamiento social obligatorio. Ese aumento de casos de violencia institucional preocupa a las organizaciones sociales, que presentaron al menos tres extensos informes. Y también alertó a los funcionarios nacionales.
En una reunión del Consejo de Seguridad -que se desarrolló mediante videoconferencia- la ministra Sabina Frederic instó a los ministros provinciales a coordinar acciones de control para que las policías locales no avancen «sobre los derechos y las garantías constitucionales», y «eviten todo tipo de maltrato, hostigamiento o violencia».
Operativo en el merendero de barrio 26 de Marzo, Salta
El Ministerio de Seguridad de la Nación envió, además, a todos los jefes de las fuerzas federales un detallado protocolo que los agentes deben seguir cuando se encuentren en las calles en el operativo de protección civil por la pandemia del Covid-19. En ese documento, se detalla claramente que los ciudadanos están autorizados a filmar los operativos policiales y se prohibió «las detenciones compulsivas», los traslados a comisarías o alcaidías sin informar a funcionarios judiciales, y también «la dispersión a bordo de vehículos o motocicletas de personas que se encuentren en la vía pública». Se destacó, a su vez, que las intervenciones policiales deben ser «personales», con «buen trato y respeto».
Las acciones y cuidados impulsados por funcionarios nacionales tienen lugar en un contexto especialmente complejo, con más de 100.000 detenidos y demorados en todo el país. Por ejemplo, en la provincia de La Pampa, un joven peón rural de 27 años fue operado dos veces y permanece internado en grave estado luego de que cuatro policías -que fueron desafectados- lo golpeasen por incumplir la cuarentena.
Otro grave caso tuvo lugar en la localidad cordobesa de Bell Ville, donde un suboficial de la policía provincial disparó por la espalda con su pistola reglamentaria a un adolescente que caminaba cerca de su casa. Este último hecho quedó registrado en videos que grabaron los vecinos, al igual que una detención efectuada en Alta Gracia, también en Córdoba, donde una patrulla persiguió a un joven de 23 años que salía de una despensa. Los agentes ingresaron en el domicilio, apuntando a los miembros de la familia con escopetas, para detener al sospechoso de quebrar la norma de aislamiento.
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) registró otros dos graves episodios de violencia policial ocurridos en Chubut. Esa organización detalló en un informe que «en Puerto Madryn, dos mujeres -una trabajadora gastronómica y una trabajadora de la salud- denunciaron sucesivamente que la noche del 23 de marzo mientras estaban detenidas en la comisaría 3a., acusadas de violar el aislamiento (ambas desempeñan labores esenciales y están exceptuadas de la restricción de movimientos) fueron obligadas a desnudarse y a realizar sentadillas en el baño de la dependencia».
Otras situaciones en Chubut generaron alarma entre los vecinos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se manifestó públicamente en esa provincia y presentó, al igual que otros organismos, un documento de denuncia: «Nos preocupa el avance sobre los ciudadanos comunes, a quienes se les reprime y aplica un celo excesivo en demanda del aislamiento social impuesto».
Y agregó: «Advertimos detenciones arbitrarias en la vía pública en las zonas urbanas y restricciones de muy difícil cumplimiento en la ruralidad, como lo muestra un caso en Epuyén, con tres vecinos imputados bajo los términos del artículo 205 del Código Penal por ir a proveerse de leña cerca de un arroyo».
El pasado miércoles, un grupo antidisturbios de la policía de la provincia de Salta tuvo que replegarse rápidamente del barrio 26 de Marzo, ubicado en la capital provincial, luego de que los agentes intentasen detener a tres cocineros de un comedor popular y fuesen atacados por los vecinos que esperaban los alimentos.
Amenazas en el conurbano
Por otra parte, uno de los reportes de la organización Correpi denunció una golpiza policial en la villa 20, del barrio porteño de Lugano. Y según información oficial a la que accedió LA NACION, al menos diez policías bonaerenses fueron desafectados desde que comenzó el aislamiento obligatorio, luego de verificarse su responsabilidad en maltratos. Entre los policías bonaerenses sancionados figuran los dos agentes que obligaron a realizar ejercicios físicos a vecinos que no cumplían la cuarentena en el barrio San Alberto, en la localidad de Isidro Casanova.
La Comisión Provincial por la Memoria presentó un informe que -hasta el 30 de marzo- incluía al menos quince casos graves de violencia policial en el conurbano. Estos hechos, detallaron, tuvieron como víctimas a cuarenta vecinos humildes, en su mayoría jóvenes.
El documento denunció traslados ilegales a comisarías: «Estos hechos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad en su despliegue para controlar el cumplimiento de la cuarentena, tuvieron como víctimas en su gran mayoría a niños, niñas y jóvenes de los barrios más pobres, y trabajadores informales o desocupados que estaban en la calle para obtener su comida diaria».
Voceros de la Comisión Provincial por la Memoria aseguraron a LA NACION: «Estamos muy preocupados por las distintas situaciones de violencia que se han presentado. Ninguna situación de excepcionalidad habilita la violencia. Eso está prohibido. El Estado no puede cometer esos delitos. Hemos reclamado que este proceso de control de la cuarentena se lleve a cabo en el marco de la ley. También pedimos fundamentalmente que se investiguen estos hechos y que los responsables sean sancionados. Esto es muy importante, porque el derecho a la vida y la integridad de las personas se ven afectados no solo por el coronavirus, sino también por la violencia estatal. Las fuerzas de seguridad tienen que cuidarnos, no agredirnos».
Las denuncias expuestas en el informe de la Comisión Provincial por la Memoria incluyen casos registrados en La Matanza, Lomas de Zamora, La Plata, Quilmes, General Pueyrredón, Dolores, Lobos, Bahía Blanca y Berisso. «En todos los hechos, se observa un uso desproporcionado e irracional de la fuerza», se consignó en el informe.
Fuente: La Nación
