Así podría titularse a la que pasó para el gobierno provincial, que incluyó desde el cambio de la ministra de Salud, Josefina Medrano hasta un apoyo con clave “tiempo del milagro” y manual criollo de autoayuda del coordinador Pablo Outes al gobernador Gustavo Sáenz.
Por el medio pasaron la crisis en el Ministerio de Seguridad, que colocó en extrema debilidad a su titular Juan Manuel Pulleiro y una serie de postulantes propulsados por sí mismos que fueron desde el diputado Gustavo Orozco a Santiago Pedroza y desde Ángel “Cacho” Sarmiento, al propio secretario de Seguridad, Benjamín Cruz. Fueron, porque Sáenz no está dispuesto a entregar a su coronel. Al menos no todavía, ni que las internas subterráneas que incluyen operaciones de inteligencia hasta operaciones mediáticas, que triunfen sobre su voluntad. El problema es que todas esas operaciones salen del propio gobierno. “Fuego amigo”, diría Aníbal Fernández.
Tampoco se salvó la Corte de Justicia, que recibió un duro tirón de orejas desde la mismísima Corte Suprema por la falta de resolución en la acumulación de expedientes que tiene sobre el cuestionado Decreto 255, que le dio superpoderes a la policía provincial. La Corte quedó desairada también ante la reticencia a informar cuánto ganan sus jueces. Y peor aún, cuando fue advertida que las causas contra uno de los candidatos al Ministerio de Seguridad, Gustavo Orozco, desde junio hasta ahora, pasó por once tribunales diferentes y aún no tiene juez. A eso se le sumó la supuesta venta de hojas de coca que el ministro Pulleiro le habría facilitado a sus parientes, de los 860 kilos que la Justicia Federal le entregó al gobierno provincial para que reparta entre los pobres, pedido de informes mediante, realizado por Guillermo Durand Cornejo en el Senado. Hasta ahora la única verdad, es que en la realidad, la coca no está. La Justicia Federal tampoco parece haberse anoticiado del tema, ni abrió una causa para investigar que pasó.
Pero el tema salud es el que acaparó todas las miradas y desnudó algunas preocupantes debilidades en el seno del gobierno. La primera la desinformación: nos hicieron creer que Salta era Catamarca, cuando en realidad la circulación viral comenzó hace cuarenta y cinco días.
Otra, la irresponsabilidad de un diputado nacional que convocó a una marcha el 17 de agosto y que se comprobó que fue uno de los disparadores de la pandemia en Salta capital. Ese diputado, supuestamente, es aliado táctico del gobierno provincial y pretende repetir mandato. Otro dato no menor es el encumbramiento de Juan José Esteban, a quien la dupla Villada–Posadas lo veían como si fuese el diablo, cuando en realidad fue el único de los gerentes de hospitales públicos que se animó a decir lo que otros callaban. El premio a Esteben no fue solo su nombramiento, sino que pueda elegir su equipo. Primera muestra de coherencia en medio del mar revuelto.
Hay que recordar que Villada impulsaba a Bernardo Biella como ministro, con conferencia de prensa incluida, mientras Josefina Medrano todavía estaba bien sentada en su sillón. Algunos bien pensados dicen que los primeros pasos de Esteban y su secretario Sergio Humacata, no se los dejaban dar a Medrano.
El otro frente de tormenta que se desactivó fue la innecesaria pelea, amparo mediante, con las clínicas privadas. Es un secreto a voces que ese sector tienen más pacientes COVID internados que el sector público. Lo que quedó al descubierto, es la vieja interna que finalmente explotó en el sector. Las clínicas que sistemáticamente se negaban a atender pacientes COVID eran el I.M.A.C y la Clínica Tres Cerritos. Eso explica la exaltación que hizo el gobernador en su discurso cinematográfico de la dueña del Sanatorio San Roque, fuertemente enfrentada al I.M.A.C y al Tres Cerritos.
Ramos le habría dicho a Sáenz que los favores que reciben esas clínicas desde el poder, desde antes y actuales, son escandalosos y que ella estaba dispuesta a denunciarlos. La muerte del comisario Claudio Burgos y del periodista Eduardo Chañe, pusieron contra las cuerdas al gobierno y buscó descomprimir la situación con la rotación de los ministros. Sin embargo, la crisis no terminó.
El I.M.A.C para salvar la ropa, se autodenunció, con el fin de demostrar que fue diligente en la muerte de Chañe. Una serie de operaciones de todo tipo y con personas que son incluso colegas del periodista fallecido, hicieron lobby a favor de la clínica tentacular. Recordemos que el I.M.A.C. además de una serie de conflictos que tuvo en Salta, -lo que no le impidió avanzar a pasos agigantados en sus edificios caìtalinos- y en su influencia en el poder, tiene emprendimientos en San Lorenzo, Rosario de Lerma y el más controvertido de todos, en Rosario de la Frontera. En el ambiente médico nadie puede explicar su crecimiento ni los volúmenes de dinero que le permiten avanzar a un paso sostenido, incluso contra el gigante Altos de Salta, propiedad de Swiss Medical Group. Esta última empresa, vía Sergio Massa, le había hecho llegar sus quejas al propio gobernador.
En esa misma sintonía, otro detonante hizo temblar el esquema sanitario provincial y es la comprobación de la falta de insumos, instrumentistas, ropa de cama y oxígeno en los hospitales públicos. Se pensó que en estos seis meses, la preparación para enfrentar lo peor de la pandemia, que obviamente se sabía hasta el cansancio que ya llegaba, era óptima. La improvisación, las decisiones erráticas del COE, que motivaron su cambio de conducción, más la debacle y protestas de Orán, tornaron insostenible la situación y obligó a meter el acelerador en algunos cambios.
¿Fueron suficientes? Parecería que no. Y encima, cuando toda la provincia era un volcán, apareció una polémica digna de una comedia de Cantinflas. Como fue el amago de procesión, sus invitaciones y limitaciones y el retroceso final del arzobispo Mario Antonio Cargnello en lo que hubiera sido una invitación al suicidio colectivo. En Italia, un partido de fútbol de 60.000 personas fue el que desencadenó la debacle. ¿Qué hubiese pasado en Salta si la multitud de fieles que se agolpan los 15 de septiembre tomaba la calle?
